Medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

El Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, establece la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión y encomienda al Gobierno promover con el sector financiero la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito para ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario.

Ámbito material de la norma: se adoptan medidas que contribuyan a aliviar la situación de los deudores hipotecarios que, por la actual crisis económica y financiera, no pueden hacer frente a su obligación de pago de los préstamos hipotecarios contratados para la adquisición de su vivienda habitual por haber visto alteradas sus circunstancias económicas o patrimoniales. Esta situación de exclusión social es merecedora de protección.

La presente norma establece la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión. Esta medida excepcional y temporal afecta a cualquier proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria por el cual se adjudique al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos, impidiendo que se proceda al lanzamiento que culminaría con el desalojo de las personas pero sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria.

Dicha suspensión exige el cumplimiento de dos tipos de requisitos:

  • – Pueden acogerse a esta medida las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos a cargo, las que tienen un menor de tres años o algún miembro discapacitado o dependiente, o en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones sociales o las víctimas de violencia de género.
  • – En estas familias los ingresos no podrán superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y es necesario que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. Dicha alteración se mide en función de la variación de la carga hipotecaria sobre la renta sufrida en los últimos cuatros años.

Además, deben cumplirse otros requisitos, tales como que la cuota hipotecaria resulte superior al 50% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar, o que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.desahucio-normal-365xXx80-1

El objetivo de dicha medida es evitar el desalojo de sus viviendas de los deudores hipotecarios especialmente vulnerables durante dicho periodo, con la confianza de que a su finalización hayan conseguido superar su actual situación de dificultad.

Asimismo, incluye un mandato al Gobierno para que emprenda medidas para impulsar, con el sector financiero, la constitución de un fondo social de viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario. Este fondo debe movilizar un amplio parque de viviendas, propiedad de las entidades de crédito, en beneficio de familias que solo pueden acceder a una vivienda en caso de que las rentas se ajusten a la escasez de sus ingresos.

Estructura: contiene 2 artículos, una Disposición Adicional, una Disposición Transitoria y dos Disposiciones Finales.

Recoge el artículo 1 la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables durante un plazo de dos años desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley. Indica los supuestos de especial vulnerabilidad a los que es de aplicación dicha medida y define la unidad familiar y el supuesto de alteración significativa de las circunstancias económicas.

Y en el artículo 2 se concretan los documentos a presentar por el deudor hipotecario para acreditar la concurrencia de las circunstancias exigidas para la inclusión en el ámbito de aplicación de dicha suspensión. Esta acreditación ha de llevarla a cabo en cualquier momento del procedimiento de ejecución hipotecaria y antes de la ejecución del lanzamiento, ante el juez o el notario encargado del procedimiento.

La Disposición Adicional encomienda al Gobierno promover con el sector financiero la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito para ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario.

Vigencia y Normas Transitorias: entra en vigor el 16 de noviembre de 2012, el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esta norma será de aplicación a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado a la entrada en vigor de este real decreto-ley, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento.

Anuncios

Acerca de Asesoria La Costera

Gestor administrativo - Economista
Esta entrada fue publicada en Otros. Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s