Protección de deudores hipotecarios

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Las circunstancias excepcionales que atraviesa España, motivadas por la crisis económica y financiera, en la que muchas personas que contrataron un préstamo hipotecario para la compra de su vivienda habitual se encuentran en dificultades para hacer frente a sus obligaciones, exige la adopción de medidas que contribuyan a aliviar y mejorar la situación de los deudores hipotecarios. A esta finalidad responde la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Las circunstancias excepcionales que atraviesa España, motivadas por la crisis económica y financiera, en la que muchas personas que contrataron un préstamo hipotecario para la compra de su vivienda habitual se encuentran en dificultades para hacer frente a sus obligaciones, exige la adopción de medidas que contribuyan a aliviar y mejorar la situación de los deudores hipotecarios. A esta finalidad responde la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Suspensión de los lanzamientos

La nueva Ley, publicada en el BOE de 15 de mayo, prevé la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión. Esta medida, con carácter excepcional y temporal, afectará a cualquier proceso judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial por el cual se adjudique al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos. En estos casos, la Ley, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, impide que se proceda al lanzamiento que culminaría con el desalojo de las personas.

La suspensión de los lanzamientos afectará a personas que se encuentren dentro de una situación de especial vulnerabilidad. Se trata de:

– familias numerosas,

– familias monoparentales con dos hijos a cargo,

– familias que tienen un menor de tres años o algún miembro con discapacidad o dependiente,

– deudores hipotecarios que se encuentre en situación de desempleo y hayan agotado las prestaciones sociales o,

– víctimas de violencia de género.

Requisitos

La normativa vigente en la materia exige:

– Que los ingresos de las familias que se acojan a esta suspensión, no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

– Que en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas.

– Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por ciento de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar, o

– Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.

Medidas de mejora del mercado hipotecario

Respecto a las medidas de mejora del mercado hipotecario destaca la limitación a que se sujetan los intereses de demora que pueden exigir las entidades de crédito que se ciñe a tres veces el interés legal del dinero. Además, se prohíbe expresamente la capitalización de estos intereses y se establece que, en caso de que el resultado de la ejecución fuera insuficiente para cubrir toda la deuda garantizada, dicho resultado se aplicará en último lugar a los intereses de demora, de tal forma que se permita en la mayor medida posible que el principal deje de devengar interés. Adicionalmente se fortalece el régimen de venta extrajudicial de bienes hipotecados y se refuerza la independencia de las sociedades de tasación respecto de las entidades de crédito.

En la venta extrajudicial se introduce la posibilidad de que el Notario pueda suspender la misma cuando las partes acrediten que se ha solicitado al órgano judicial competente que dicte resolución decretando la improcedencia de dicha venta, por existir cláusulas abusivas en el contrato de préstamo hipotecario, o su continuación sin la aplicación de las cláusulas abusivas. Además, se faculta expresamente al Notario para que advierta a las partes de que alguna cláusula del contrato puede ser abusiva. Dichas modificaciones se adoptan como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013.

Mejoras en el procedimiento de ejecución hipotecaria

En relación al procedimiento de ejecución hipotecaria se incluyen diversas modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de garantizar que la ejecución hipotecaria se realice de manera que los derechos e intereses del deudor hipotecario sean protegidos de forma adecuada y, en su conjunto, se agilice.

Igualmente, se establece la posibilidad de que si tras la ejecución hipotecaria de una vivienda habitual aún quedara deuda por pagar, durante el procedimiento de ejecución dineraria posterior se podrá condonar parte del pago de la deuda remanente.

Por último, se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, tanto en lo que afecta al ámbito de aplicación, como en lo relativo a las características de las medidas que pueden ser adoptadas.

Se incluye un mandato al Gobierno para que emprenda inmediatamente las medidas necesarias para impulsar, con el sector financiero, la constitución de un fondo social de viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario.

 

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Acerca de Asesoria La Costera

Gestor administrativo - Economista
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